Las estrategias de inclusión
financiera son una importante herramienta de política pública que permiten
trazar un camino claro y coordinado para mejorar la inclusión financiera de los
países, a través de la definición de objetivos, la identificación de retos y
oportunidades relevantes para el logro de esos objetivos y el establecimiento
de un conjunto de acciones priorizadas para alcanzarlos de manera articulada.
Asimismo, el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación es un
elemento relevante en una estrategia de inclusión financiera eficaz. (1)
La reciente aprobación del PEM
de la Política Nacional de Inclusión Financiera
(PNIF), mediante el Decreto Supremo
N° 112-2021-EF publicado el 20.05.2021, constituye un importante hito para
impulsar el proceso de inclusión financiera en el país, pues a través de él se
busca la implementación articulada de una serie de medidas que permiten atender
el siguiente problema público identificado en la PNIF: “Población con bajo
nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad”.
En este sentido, a través del
PEM, se buscan alcanzar los objetivos de la PNIF y así mejorar el bienestar
económico de la población, mediante los beneficios de su inclusión financiera,
considerando los enfoques intercultural, territorial y de género, así como la
perspectiva de discapacidad. Es importante mencionar que la aprobación del PEM
de la PNIF resulta relevante en un contexto en el cual existe un bajo nivel de
tenencia de cuentas de depósitos en la población adulta, así como un incipiente
ecosistema financiero digital. En efecto, el 58% de la ciudadanía no tiene una
cuenta en el sistema financiero, incrementándose este porcentaje a 72% en
población en situación de pobreza monetaria (INEI, 2020).
CAMINO HACIA EL PEM
DE LA PNIF
La inclusión financiera
contribuye con el desarrollo económico, estabilidad financiera, reducción de la
pobreza y desigualdad. Asimismo, permite promover el bienestar de la población
por medio del uso responsable de los productos y servicios financieros. (2)
Las personas y empresas
incluidas en el sistema financiero pueden administrar de forma más sencilla sus
finanzas, consumo y ahorro, iniciar o potenciar sus actividades productivas,
gestionar sus riesgos y protegerse frente a eventos adversos. Así, se genera un
sistema financiero más equitativo, transparente y competitivo. Por ello, desde
el año 2015, la Comisión Multisectorial de
Inclusión Financiera (3) (CMIF) estuvo implementando la Estrategia de
Inclusión Financiera (ENIF), cuya finalidad era promover el acceso y uso
responsable de servicios financieros confiables, eficientes, innovadores y
adecuados a las necesidades de la población.
A raíz de la transformación de
los mercados al nuevo entorno digital y en el marco del “Reglamento que regula
las Políticas Nacionales” (4), que busca la concordancia
d (5), e las políticas nacionales en todo el territorio, se actualizó la ENIF,
aprobándose mediante el Decreto Supremo Nº 255-2019-EF del 05.08.19 la actual
PNIF. Esta política reconoce como problema público la existencia de una
“Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad”
y define cinco objetivos prioritarios y 16 lineamientos, en las tres
dimensiones que comprende la inclusión financiera: acceso (5), uso (6), y calidad
(7). La implementación de la Política involucra el desarrollo de un PEM (8). Para ello, se
llevaron a cabo diversas reuniones con 59 instituciones del sector privado, público,
académico, gremios, asociaciones y representantes de ONG.
ACCIONES DENTRO
DEL PEM
El
PEM de la PNIF incluye 30 medidas de política vinculadas a los cinco objetivos
prioritarios, las cuales serán ejecutadas a través de hitos de corto, mediano y
largo plazo (2021, 2022, 2025 y 2030):
Objetivo prioritario 1
“Generar una
mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema
financiero”
Se aprobaron nueve medidas de
política que tienen como finalidad generar capacidades financieras en la ciudadanía,
a través del desarrollo de una estrategia integral que abarque el ciclo de vida
y diferentes momentos de aprendizaje dentro del espacio de la educación formal
y no formal. De este modo, las medidas planteadas buscan establecer estándares
adecuados para el desarrollo de iniciativas de educación financiera y la
generación de mecanismos de articulación eficientes y efectivos, que permitan
mejorar los distintos esfuerzos en torno a la educación financiera.
Así, se implementarán acciones
de educación financiera a lo largo de la educación básica, para la población
adulta, miembros del hogar, así como para potenciales y actuales emisores e
inversionistas. Además, se brindarán capacitaciones para fortalecer las
capacidades financieras de poblaciones vulnerables, como la población usuaria
de los programas sociales con transferencias monetarias, productores agrícolas
y empresarios comerciantes, considerando un enfoque de uso de herramientas
digitales. Asimismo, se propone el diseño e implementación de una estrategia de
comunicación para los diferentes segmentos de la población con el objetivo de
sensibilizarlos sobre la importancia del buen manejo de las finanzas personales,
así como del uso responsable de los servicios y canales financieros.
Objetivo prioritario 2
“Contar con una
oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la
población”
Se aprobaron 13 medidas de
política que tienen como propósito ampliar y mejorar la cobertura de los puntos
de atención, sobre todo, en aquellas zonas donde la presencia del sistema
financiero es aún escasa o inexistente, a través de canales innovadores y
accesibles. Asimismo, se busca incrementar la oferta de servicios financieros,
de modo que esta sea suficiente y adecuada a las necesidades de todos los
segmentos de la población. Al respecto, las medidas están vinculadas a fomentar
el desarrollo de productos financieros inclusivos, incorporando finanzas del
comportamiento.
También, se considera la mejora
de los seguros agrícolas cofinanciados por el Estado, a través de la
implementación de un sistema de información y seguimiento; así como una mayor
difusión de dichos seguros. Por otra parte, se incluye el impulso de las
cuentas básicas mediante la Cuenta-DNI y el fomento del uso de pagos digitales
para reducir el uso del efectivo. Cabe señalar que, además se mejorará e
integrarán las fuentes de información relevantes que permitan monitorear los
avances en la inclusión financiera, así como generar evidencia para la
priorización de la política pública y contribución al diseño de productos y
servicios financieros. En tal sentido, la nueva y mejor información generada
será integrada en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados (Geo Perú).
Objetivo prioritario 3
“Mitigar las
fricciones en el funcionamiento del mercado”
Se aprobaron cuatro medidas de
política orientadas a fortalecer los sistemas de protección de la población y
la adecuada gestión de conducta de mercado por parte de las empresas que
conforman el sistema financiero; fomentar un marco normativo adecuado a la
evolución de las tendencias de innovación en el ámbito financiero, preservando
la estabilidad del sistema; y, promover que los servicios financieros se
desarrollen en un contexto de libre competencia.
En tal sentido, se tiene prevista
la creación de una Plataforma Integrada de Reclamos y/o Denuncias que permita
mejorar la eficiencia en los procesos de reclamos y/o denuncias de los usuarios
de los servicios financieros. Por otro lado, se busca disminuir las prácticas
anticompetitivas y factores que puedan limitar la libre competencia, así como
reducir las fricciones en la conducta de mercado de proveedores de los
servicios financieros, de seguros, previsional y de valores, mediante la
creación de un “Comité de Libre Competencia de Servicios Financieros” y de una
“Mesa Especializada de Conducta de Mercado”.
Objetivo prioritario 4
“Desarrollar
infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar
la cobertura y el uso de servicios financieros”
Se aprobaron dos medidas de
política que buscan promover el desarrollo de infraestructura en
telecomunicaciones y contribuir con la expansión de la cobertura de los
servicios financieros. En tal sentido, la finalidad es ampliar el número de
localidades beneficiadas con cobertura del servicio de internet (9), así como
dotar de conectividad a los centros de acceso
digital (CAD) para
habilitar la oferta de servicios financieros digitales.
Asimismo, las medidas tienen
como propósito incentivar el desarrollo de plataformas digitales que cuenten
con atributos que permitan la disponibilidad, accesibilidad, autenticación,
seguridad, confidencialidad e interoperabilidad; facilitando el acceso de los
servicios del Estado a la ciudadanía. Al respecto, se espera la implementación
de la Mesa de Partes Digital Institucional, la Plataforma Única de Recepción
Documental del Estado Peruano y la Plataforma Casilla Única Electrónica del
Estado Peruano, entre otros aspectos.
Objetivo prioritario 5
“Fortalecer los
mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales”
Se aprobaron dos medidas de
política con el propósito de generar arreglos institucionales sostenibles que
permitan mejorar la articulación existente entre los diversos órganos del
Estado para fortalecer los esfuerzos en inclusión financiera. Al respecto, se
crearán “Comités Consultivos de Inclusión Financiera”, que permitan generar
mayor coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil. En tal
sentido, dichos comités elaborarán propuestas normativas, instrumentos o
productos específicos que respondan a las necesidades de los ciudadanos en relación
con la inclusión financiera, priorizando las acciones que permitan la promoción
del acceso y uso de servicios financieros. Por otra parte, el Premio Sello Municipal (10) impulsará, en sus próximas ediciones, la
implementación de mecanismos que fortalezcan el acceso y uso de productos y
servicios financieros, tales como agentes corresponsales, dinero electrónico,
entre otros.
En este contexto, el PEM del
PNIF es una herramienta fundamental, cuya ejecución requiere una estrecha
articulación y compromiso de todos los sectores incluyendo al sector público y
privado, la academia y la sociedad civil. En tal sentido, la SBS, como
Secretaría Técnica de la CMIF, ratifica su compromiso de fomentar la inclusión
financiera responsable, buscando un equilibrio entre inclusión, estabilidad,
integridad y protección financiera.
HITOS PARA JULIO 2021
En el corto plazo, se cumplirán
nueve hitos correspondientes a seis medidas de política
(11). De este modo, se espera la elaboración de recursos educativos
virtuales para la población adulta y miembros del hogar; la formulación del
plan de capacitación de herramientas digitales con enfoque de género para los
empresarios y empresarias (12]); la aprobación de la
reglamentación de la Cuenta-DNI; la elaboración del Proyecto de ley de uso
obligatorio y progresivo de pagos digitales para el desarrollo de actividades
económicas; la Reglamentación del título I del DU-013-2020
(13); el establecimiento de los procedimientos sobre la gestión y operación
del Centro Nacional de Seguridad Digital; el establecimiento de los protocolos
mejorados basados en evidencia (14); la implementación
de la Mesa de Partes Digital Institucional (15); y la
modificación de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.
De esta manera, se tiene como
finalidad fortalecer la educación financiera en la población adulta, miembros
del hogar y empresarios y empresarias comerciantes; promover el uso de medios
de pago digitales; promover el acceso a financiamiento de las microempresas
(Mipyme); establecer los protocolos de seguridad necesarios para la oferta de
los productos y servicios financieros en entornos digitales seguros;
recepcionar los documentos de la ciudadanía, de manera organizada y sencilla;
e, impulsar la transformación digital de las entidades del sistema financiero,
de manera segura, a través de la implementación del proceso de contratación
digital de los distintos productos y servicios financieros ofrecidos en el
mercado financiero.
RETOS
Uno de los principales retos
para la implementación del PEM de la PNIF será la articulación y el compromiso
sostenido de diversas instituciones públicas, privadas y los organismos no
gubernamentales (ONG) que participarán en la implementación de las medidas
establecidas en el PEM. Asimismo, en línea con la creciente digitalización de
los servicios financieros, es importante que se continúe ampliando la
conectividad para impulsar la inclusión financiera en todos los departamentos
del país, así como, desarrollar nuevos servicios financieros adecuados a las
necesidades específicas de diferentes segmentos de la población.
Adicionalmente, se requiere el
desarrollo de un sistema de información que permita el monitoreo de los hitos y
de las metas de los indicadores de las medidas y facilite la articulación y
comunicación entre los diferentes actores encargados de la implementación de
las medidas.
Finalmente, es importante
mencionar que a fin de garantizar la efectividad de las medidas propuestas en
un entorno cambiante, se ha planteado que el PEM pueda tener la flexibilidad
suficiente que le permita adaptarse rápidamente a los cambios que se puedan
generar. De este modo, la CMIF podrá proponer mejoras y ajustes necesarios a
las medidas de política e indicadores del PEM de la PNIF. (SBS)
(1) World Bank. 2018. Developing and Operationalizing a
National Financial Inclusion Strategy: Toolkit. World Bank, Washington, DC. ©
World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29953 License: CC
BY 3.0 IGO.
(2) Existe amplia literatura sobre la relación entre el
desarrollo financiero y el crecimiento económico, entre ellos Levine (1997),
Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007), King y Levine (1993); Klapper, Laeven y
Rajan (2006) y Demirguc-Kunt y Levine (2009).
(3) La CMIF fue creada mediante Decreto Supremo N°
029-2014-EF del 14.02.2014 y tuvo por objetivo diseñar, implementar y
monitorear la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Esta Comisión
fue integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Banco Central de
Reserva, el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Cabe señalar que en la actualidad, la Comisión se encuentra integrada por diez
(10) entidades: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el
Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el
Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la
Superintendencia de Mercado de Valores.
(4) Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM del 19.03.2018 que
aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
(5) Posibilidad de utilizar los servicios financieros,
lo cual supone poner al alcance de la población la infraestructura y los puntos
de atención del sistema financiero, así como una gama de servicios financieros
de calidad; según lo dispuesto en la sección “2.3 Conceptos claves” de la PNIF.
(6) Frecuencia y continuidad del uso de los servicios
financieros, lo cual depende de la existencia de una oferta de servicios que
añadan valor al consumidor y de la confianza de este en el sistema y los
servicios financieros; según lo dispuesto en la sección “2.3 Conceptos claves”
de la PNIF.
(7) Característica de los servicios financieros
adecuados a las necesidades de la población, que incluyen atributos como
conveniencia, asequibilidad y seguridad, y que son ofrecidos en un marco de
protección al consumidor; según lo dispuesto en la sección “2.3 Conceptos
claves” de la PNIF.
(8) Según la Disposición Complementaria Final
Única establecida en el DS N° 255-2019-EF.
(9) En el marco de los Proyectos de Banda Ancha
promovidos por el Pronatel.
(10)
Reconocimiento no monetario del
Estado a los Gobiernos Locales que cumplan correctamente con los indicadores
que contribuyen a la mejora de los servicios públicos orientados a los
ciudadanos, en sus respectivas localidades, en el marco de la Política Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social.
(11)
Medida 1.5 “Educación
Financiera para población adulta y miembros del hogar”, Medida 1.7 “Uso de
herramientas digitales para los empresarios y las empresarias comerciantes”,
Medida 2.7 “Plan de implementación de Cuenta DNI”, Medida 2.10 “Pagos por
medios digitales”, Medida 2.13 “Promoción del financiamiento para las MIPYME” y
Medida 4.2: “Transformación digital segura”.
(12)
Incluye priorizar contenidos y
población objetivo.
(13)
Señala como
uno de sus propósitos la promoción del acceso al financiamiento de las microempresas
(Mipyme) mediante la factura.
(14)
Registro de incidentes de seguridad
digital.
(15)
Correspondiente al Poder
Ejecutivo, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y
universidades públicas.
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