Previamente, el dictamen de la
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera fue sustentado
por el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), presidente de ese grupo de
trabajo, quien manifestó desestimar algunas observaciones y allanarse a otras
del Poder Ejecutivo por tratarse de una norma “que hará justicia a los más de
cinco mil aportantes activos y no activos que vienen luchando por salir delante
de la crisis económica y sanitaria por la COVID-19 que atraviesa nuestro país”.
Novoa Cruzado señaló que la ley no
debería ser solo en beneficio de los que han perdido el empleo y han dejado de
aportar, por el contrario, debe ser facultativo y en beneficio para todos los
afiliados de las AFP, ya que la consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha
afectado a todos los bolsillos de manera directa e indirecta.
Ello en razón que desde el Poder
Ejecutivo se solicitó se considere el número de beneficiados con esta ley, pues
considera que los trabajadores activos al estar trabajando tienen un ingreso
mensual que les permita afrontar la crisis.
En su única disposición
complementaria final, la propuesta establece que “la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina el
procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo
no mayor a quince (15) días calendario de publicada la Ley, bajo
responsabilidad de su titular”.
Novoa informó que se retiró de la
propuesta original la primera disposición complementaria final que autorizaba
el retiro excepcional facultativo de hasta el 100 % de sus fondos de su cuenta
individual de capitalización (CIC) para los afiliados mayores de cuarenta (40)
años que no registren aportes acreditados en los últimos cinco (5) años a la
entrada en vigencia de la presente ley.
DEBATE
Parlamentarios de diversas bancadas
coincidieron en que la propuesta se trata de un retiro excepcional que busca
brindar un apoyo económico a los afiliados de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
A su turno, el congresista José Luna
Morales (PP) planteó que se incorpore al texto que personas mayores de 40 años
que no hayan aportado en los últimos cinco (5) años a un sistema privado de
pensiones podrán retirar 100 % de sus fondos.
Por su parte, el legislador Moisés
Gonzáles Cruz (NC) pidió que la propuesta sea en beneficio de los aportantes y
no aportantes, porque la necesidad es extrema y más aún en familias de zonas
rurales. “En el entorno de un aportante hay una familia y hemos visto cómo han
ido vendiendo su casa, su terreno para poder superar la enfermedad de la
COVID-19”, sostuvo.
El parlamentario Diethell Columbus
(FP) cuestionó unas recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas
por ser “pocas acertadas y ajenas a la empatía al ser humano”, al señalar que
la norma es inconstitucional, porque afecta la intangibilidad de los fondos de
pensiones.
“El ministro de Economía dice que es
inconstitucional, porque los fondos son intangibles, sin embargo, en el propio
documento que envía el Poder Ejecutivo está autorizando el uso de los fondos de
pensiones de las AFP, estamos con un doble discurso”, indicó.
Mientras que los congresistas Javier
Mendoza Marquina y Yessica Apaza Quispe (UPP) manifestaron que la propuesta
beneficia a más de cinco millones de peruanos y que es una acción de suma
necesidad ante la grave crisis económica que atraviesan miles de peruanos.
“Los recursos económicos son un
salvavidas a la precaria situación que tienen los más necesitados. No podemos
permitir que el Poder Ejecutivo siga de espaldas a la población”, refirió Apaza
Quispe.
Por su parte, Jim Alí Mamani Barriga
(NC), autor de uno de los proyectos de ley, señaló que la norma busca atender
las necesidades económicas de familias que han sido afectados por el coronavirus.
“Las familias necesitan dinero para
comprar medicina, ya que su precio es muy elevado, un balón de oxígeno supera
los tres mil soles. Esta necesidad es la que busca atender esta ley”, subrayó.
Por su parte, el congresista César
Combina Salvatierra (APP) aseveró que lo que se busca es reconocer al afiliado
por su labor como centro del sistema, no al Estado ni a las empresas que han
hecho daño a la familia peruana. Precisó que, ante la amenaza de un estatismo,
es urgente y necesario que el trabajador pueda tener su dinero en el bolsillo.
A su turno, el legislador Lenin
Checco Chauca (FA) indicó que este Gobierno, al igual que los anteriores, viene
jugando a favor de los intereses de las empresas en desmedro de los seis
millones de aportantes que a través de la liberación de sus aportes verán una
ayuda para salvar la vida de sus familiares.
Mientras que la tercera
vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Florez, indicó que el dinero de
los fondos de las AFP corresponde únicamente al trabajador aportante, quien mes
a mes ha destinado dinero para sus pensiones.
“La COVID-19 ha causado hasta la
fecha 62 674 fallecidos y hay millones de afectados por este problema de salud.
No podemos ser indiferentes, ahora es cuando más necesita de este fondo el
trabajador, ya sea para comprar medicamentos o llevar a una clínica a su
familiar. Este dinero es para aliviar el costo de los medicamentos, el oxígeno,
entre otros”, puntualizó.
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