“Es más,
llevamos intentando conversar con las autoridades del sector pesquero desde que
comenzó este gobierno y lamentablemente, no recibimos respuesta. Hemos enviado
propuestas de mejoras a las normativas y una docena de cartas con
planteamientos para poder trabajar en conjunto y, hasta la fecha, no recibimos
respuesta”, denunció Silva.
Indicó que,
en la carta, expresan el malestar de las cooperativas pesqueras de San José, La
Islilla y La Tortuga, que representan más de 500 armadores y 900 embarcaciones
artesanales, debido a que “el gobierno ha ignorado las diversas comunicaciones
que se ha enviado de manera regular a la Dirección General de Pesca Artesanal
con la intención de insertarse de manera más rápida a la economía formal del
país.
Asimismo,
recordó que el COVID-19 los ha impactado duramente; pero que, aun así, han
contribuido a la generación de miles de puestos de trabajo en los momentos más
difíciles de la pandemia, aportando con esto a la recuperación económica del
país.
Por su
parte, Mario Fiestas, gerente de la Cooperativa San José Limitada planteó al
Ministerio de la Producción qué ruta de trabajo seguir a fin de concluir, tras
seis años de esfuerzos, en lo referente a la regularización de la flota
pesquera.
“No le
estamos pidiendo que nos haga un favor. Solo queremos que, en atención de
nuestros derechos como administrados y la transparencia que debería existir en
la administración pública, se nos informe qué es lo que piensan hacer,”
manifestó Fiestas.
Cabe indicar
que las cooperativas pesqueras no acostumbran a comunicarse de manera enfática
con el gobierno ya que suelen ser propositivos y proactivos, en búsqueda de
establecer un trabajo colaborativo.
“No
obstante, hemos decidido emplear un tono más duro porque se ha llegado a un
límite, teniendo en cuenta que el próximo 15 de abril vence el plazo para
obtener el permiso de pesca y el gobierno no ha adecuado el procedimiento que
les permita acceder a este de manera definitiva”, sostuvo Fiestas.
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