Yarrow Lumbreras recordó que normas similares, dada
por la ex ministra de Trabajo, Betssy Chávez, que se aplicaron en Ecuador,
Bolivia y México, perjudicó a la clase trabajadora formal, con el consecuente
incremento de la tasa de desempleo en general.
“Experiencias similares en Ecuador han reducido el
empleo generado por la tercerización de un millón de empleos, a solo el 20%. En
Bolivia, la restricción de las mineras para contratar a proveedores
especializados, ha llevado a que se creen cooperativas de ex empleados que
ofrecen los mismos servicios con condiciones de seguridad deficientes. En México,
pasaron de 5 millones de empleos a 2.7 millones, después de la implementación
de medidas similares”, comentó.
El proyecto aprobado además recoge la opinión de
expertos que advierten positivamente que “la tercerización permite la
flexibilidad necesaria para la innovación, dejando que las empresas que se
encuentran en etapa de maduración puedan identificar eficientemente los nichos
a los cuales dedicarse”.
“Este DS dado en la gestión de Betssy Chávez,
además, contó con la opinión negativa del propio Banco Central de Reserva del
Perú y la Asociación Peruana de Operadores Portuarios y otros gremios”,
concluyó la parlamentaria de Avanza País.
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